En el escenario delictivo mexicano, la usurpación de identidad emerge como un problema poco conocido pero de consecuencias devastadoras. Aunque pasa desapercibido frente a otros delitos más notorios, este fenómeno está en constante crecimiento, comprometiendo la seguridad financiera y la integridad personal de quienes caen víctimas de gía, emplean tácticas psicológicas para sembrar miedo y forzar a las personas a cumplir con sus demandas.
La usurpación de identidad implica el uso no autorizado de la información personal de una persona con el propósito de cometer fraudes, realizar transacciones ilícitas o incluso evadir responsabilidades legales. Los perpetradores, a menudo hábiles en el uso de tecnologías y métodos de obtención de datos, pueden hacer estragos en la vida de sus víctimas, desde afectar su historial crediticio hasta incurrir en delitos en su nombre.
Este delito suele comenzar con la obtención de datos personales a través de métodos como el robo de documentos, hackeo de cuentas en línea o incluso comprando información en el mercado negro digital. A pesar de los avances en la legislación, la persecución de los culpables y la protección de las víctimas aún presentan desafíos, haciendo que la usurpación de identidad sea un delito de difícil detección y castigo.
